Resumen: La jurisprudencia permite postergar la determinación de la indemnización del perjuicio al momento de ejecución de sentencia, pero en supuestos en que, por causas ajenas a las partes, su cuantificación no pueda efectuarse en el propio proceso declarativo o en fase de ejecución de sentencia mediante una simple operación aritmética, lo que obliga al órgano jurisdiccional a descender y analizar el caso concreto. Se debe asumir que la apelante dispone de relación de las operaciones que realizó o de una contabilidad de las mismas. Sin embargo la actora o interesó pericia alguna ni facilitó bases de cálculo de las indemnizaciones que reclama, sin que el resultado negativo de la diligencia preliminar justifique su inactividad en este sentido puesto que tenía o debía tener a su disposición documentación suficiente para hacer una estimación provisional de lo que le puede corresponder.
Resumen: Queja del recurrente por la explotación probatoria que el tribunal a quo ha realizado de la prueba practicada en el acto del plenario. Alcance del control de la valoración probatoria efectuada en la instancia que corresponde hacer al tribunal de apelación cuando se denuncia infracción de la presunción de inocencia y error probatorio. Queda extramuros del principio de presunción de inocencia la discrepancia en la distinta credibilidad que el tribunal sentenciador otorgue a los distintos testigos y al acusado que ante él depusieron. No se aprecian dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, con duración de 13 meses desde la incoación hasta la remisión a la Audiencia para enjuiciamiento, cuya celebración se dilató 22 meses, durante los que, sin embargo, no hubo inactividad procesal atendidas las diligencias de prueba anticipada y de preparación del juicio practicada, en un período además coincidente con la suspensión de plazos y limitaciones derivadas de la COVID-19.
